Los actos que ejecuta la administración pública deben estar fundados y motivados en leyes y ordenamientos tales que resistan un análisis frente a nuestra Constitución; la administración debe sustentar su actuación frente a los particulares en la legalidad de sus actos. No siempre la actuación del poder público se ajusta a los ordenamientos en que se funda, ya sea por interpretaciones erróneas, arbitrariedades de las autoridades, lo que origina violación de los derechos de los administrados. Frente a actos de tal naturaleza , se establecen los diversos medios de defensa ante el fisco.
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